La nueva ley sancionará conductas que hasta ahora figuraban como "faltas" en el Código Penal y que ahora se convertirán en "infracciones administrativas" castigadas con unas multas salvajemente desproporcionadas que el gobierno impondrá a su antojo sin más apoyo que la sola palabra de la policía o guardia civil. De paso, se eliminan de raíz las garantías judiciales que incluían la posibilidad de reclamar las pruebas y la no obligatoriedad de pagar la multa hasta que la infracción se considerase judicialmente probada. Ya no intervendrá ningún juez, la multa será ejecutada desde el principio y en caso de impago, el gobierno podrá embargar las cuentas, bienes o sueldo del multado. Y para recurrir será necesario haber pagado la multa previamente y poder hacer frente a las elevadas tasas judiciales.
En conclusión, lo que revela este Anteproyecto, junto a la última reforma del Código Penal hecha por Gallardón, es una escalada represiva brutal que pretende acallar toda protesta pacífica y blindar al poder político-económico, verdadero causante de esta situación, de cualquier crítica y/o manifestación que intenten luchar contra el saqueo ejercido por una minoría contra la mayoría social. La aparición de un Código Penal más duro y agresivo con el pequeño delito y más benévolo con los estafadores y corruptos sólo puede ampliar la brecha social a la que ya estamos asistiendo. No queremos que la crisis sirva de excusa para fracturar nuestra convivencia y para atacar a quienes menos recursos tenemos.
Son muchos los organismos, colectivos, que ya están dando la voz de alarma por esta ley de "inseguridad ciudadana". Así, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, ha mostrado su preocupación ante la desmesura de la reforma que ha puesto en marcha el PP. Él mismo declaraba: "Quiero que alguien me convenza de que una multa de 600.000 euros por manifestarse delante de las instituciones gubernamentales sin autorización, es equilibrada".
El portavoz de Jueces para la Democracia, declaraba en una reciente entrevista: “Hay una figura doctrinal que se llama el Derecho Penal del Enemigo, que es algo que parece se está trasladando a la Administración, es decir, el ciudadano que protesta parece como si fuese el enemigo. Y no estamos en ninguna guerra, estamos en una sociedad plural en la cual la gente tiene que tener derecho a expresar libremente sus opiniones sin verse castigada con una multa”.
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Hemos pasado de ser ciudadanos titulares de los derechos reconocidos por la Constitución, a ser tratados como presuntos delincuentes. La entrada en vigor de esta ley va a con llevar que los actuales gobernantes demuestren el talante autoritario, del que hacen gala, aplicando de forma desproporcionada y sesgada la actual ley, lo que hace preveer las consecuencias de la “carta blanca” que les otorgará a los gobernantes la nueva ley.
Además de esta ley de inseguridad, también consideramos un despropósito la reforma del Código Penal, pidiendo su retirada inmediata, porque creemos en una sociedad civil fuerte, capaz y comprometida; porque no es legítimo gobernar sin escucharnos: porque tenemos algo que decir. No hay razones ni para esta reforma del Código Penal ni para este anteproyecto de Ley de Inseguridad Ciudadana. No somos delito.
Por todo ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía a manifestar su oposición a este estado autoritario, a denunciar todos los atentados contra los derechos que se produzcan en su entorno.
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