Por su interés reproducimos casi en su totalidad el Comunicado de prensa recibido por el Foro Social y Sindicato Obreros del Campo -SAT Almería
El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General de la ONU adopta la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares (resolución 45/158) y se instaura el 18 de Diciembre como fecha de conmemoración. En todo el mundo se aprovecha esta fecha para evaluar la situación al respeto, desde los mismos gobiernos como desde las ONGs concernidas, y para formular medidas para mejorarla. Pero España, como muchos otros piases de la UE no ratificó esta Convención.
Por otra parte, los Diputados reformaron, el 26 de noviembre pasado la llamada” Ley de extranjería” (L.O. 4/2000, del 11/01/2000). Esta Ley lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona.
Con la REDI, Red Estatal por los Derechos de los y las Inmigrantes, denunciamos que.
1-Nadie ha sido consultadodurante el proceso de redacción del proyecto, ni las organizaciones sociales, ni las organizaciones de inmigrantes o de defensa de los derechos humanos,
2-Más represión, menos derechosMás medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social.
La nueva Ley presenta la inmigración como problema, criminaliza a las personas de origen extranjero y hace aún más vulnerable la situación del colectivo.
3-Más tiempo encerrados en los CIEs
La Ley contempla privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y mantiene el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con:
El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General de la ONU adopta la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares (resolución 45/158) y se instaura el 18 de Diciembre como fecha de conmemoración. En todo el mundo se aprovecha esta fecha para evaluar la situación al respeto, desde los mismos gobiernos como desde las ONGs concernidas, y para formular medidas para mejorarla. Pero España, como muchos otros piases de la UE no ratificó esta Convención.Por otra parte, los Diputados reformaron, el 26 de noviembre pasado la llamada” Ley de extranjería” (L.O. 4/2000, del 11/01/2000). Esta Ley lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona.
Con la REDI, Red Estatal por los Derechos de los y las Inmigrantes, denunciamos que.
1-Nadie ha sido consultadodurante el proceso de redacción del proyecto, ni las organizaciones sociales, ni las organizaciones de inmigrantes o de defensa de los derechos humanos,
2-Más represión, menos derechosMás medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social.
La nueva Ley presenta la inmigración como problema, criminaliza a las personas de origen extranjero y hace aún más vulnerable la situación del colectivo.
3-Más tiempo encerrados en los CIEs
La Ley contempla privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y mantiene el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con:
-expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo.
-internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros(CIE.) Estos centros ofrecen menos garantías que las cárceles y han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo.
Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e internamiento.
4-Castiga a los solicitantes de asiloLas personas internadas en CIE que soliciten el asilo, tendrán 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, por tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género si la expulsan.
5-Criminaliza la solidaridad
Los nacionales que acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan permanecer en España más allá de la estancia legal, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros.
6-Niega derechos básicos como la salud y la educación.Los inmigrantes en situación irregular no podrán empadronarse en los municipios, perdiendo de ese modo el derecho a la educación básica y el acceso a la salud para ellos y sus familias, lo que se suma a una exclusión de los servicios y ayudas sociales. Estas circunstancias producirán un claro aumento de la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades.
7-Atenta contra la vida en familiaEl derecho a vivir en familia, reconocido por la Declaración Universal de los DDHH, se ve también amenazado. Restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años e imposición de al menos 5 años de residencia para poder reagrupar, son medidas que supone la ruptura de muchas familias y la desprotección de personas dependientes. El apoyo a las mujeres inmigrantes se ve afectado.
8-Permite la expulsión de menores no acompañadosEl asunto en esta materia es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.
9-Dificulta el acceso a la justicia gratuitaLa obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión, por cuestiones de plazo. Vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
1O-Mayor desprotección aún a las mujeres migrantes.No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Hasta que haya decisión favorable, no tienen autorización de trabajo, y se quedan en situación de desamparo.
Por todos estos motivos:
MANIFESTAMOS nuestro rechazo a esta Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS mesas de debates periódicas entre administraciones y agentes sociales para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
LLAMAMOS a las organizaciones sociales, políticas y sindicales y a la sociedad española en su conjunto a movilizarnos en defensa de la dignidad y la justicia social para todas las personas, independientemente de su nacionalidad, color de piel o situación administrativa. Hay cosas que no se pueden tolerar.
Comunicado de prensa “18 de Diciembre de 2009”
Foro Social de Almería y SOC-SAT Almería
-internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros(CIE.) Estos centros ofrecen menos garantías que las cárceles y han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo.
Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e internamiento.
4-Castiga a los solicitantes de asiloLas personas internadas en CIE que soliciten el asilo, tendrán 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, por tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género si la expulsan.
5-Criminaliza la solidaridad
Los nacionales que acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan permanecer en España más allá de la estancia legal, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros.
6-Niega derechos básicos como la salud y la educación.Los inmigrantes en situación irregular no podrán empadronarse en los municipios, perdiendo de ese modo el derecho a la educación básica y el acceso a la salud para ellos y sus familias, lo que se suma a una exclusión de los servicios y ayudas sociales. Estas circunstancias producirán un claro aumento de la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades.
7-Atenta contra la vida en familiaEl derecho a vivir en familia, reconocido por la Declaración Universal de los DDHH, se ve también amenazado. Restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años e imposición de al menos 5 años de residencia para poder reagrupar, son medidas que supone la ruptura de muchas familias y la desprotección de personas dependientes. El apoyo a las mujeres inmigrantes se ve afectado.
8-Permite la expulsión de menores no acompañadosEl asunto en esta materia es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.
9-Dificulta el acceso a la justicia gratuitaLa obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión, por cuestiones de plazo. Vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
1O-Mayor desprotección aún a las mujeres migrantes.No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Hasta que haya decisión favorable, no tienen autorización de trabajo, y se quedan en situación de desamparo.
Por todos estos motivos:
MANIFESTAMOS nuestro rechazo a esta Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS mesas de debates periódicas entre administraciones y agentes sociales para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
LLAMAMOS a las organizaciones sociales, políticas y sindicales y a la sociedad española en su conjunto a movilizarnos en defensa de la dignidad y la justicia social para todas las personas, independientemente de su nacionalidad, color de piel o situación administrativa. Hay cosas que no se pueden tolerar.
Comunicado de prensa “18 de Diciembre de 2009”
Foro Social de Almería y SOC-SAT Almería
