dijous, 25 de juny de 2015

Amnistia Internacional publica un informe en el que pide que se paralicen los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de derechos humanos

  • Dos de las Comunidades Autónomas donde existen más desalojos y viviendas vacías,
    Cartel de una novela basada
    en el drama de los deshaucios
    Madrid y Cataluña, han adoptado medidas regresivas que incrementan la desprotección
  • España sólo cuenta con el 1,1% de vivienda social, frente al 32% de Holanda, el 23% de Austria o el 18% de Reino Unido
Madrid.- Amnistía Internacional ha publicado hoy un nuevo informe, “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España” en el que denuncia como cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios. La organización pide que se paralicen todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección. En concreto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo, y el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a éstas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.
A pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008, el Gobierno ha adoptado medidas insuficientes, que  no han protegido la vivienda como un derecho humano. Su alcance ha sido muy restrictivo, beneficiando únicamente a 31.500 familias. Además, las autoridades han invisibilizado la gravedad de la situación, al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por las ejecuciones hipotecarias ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.
“El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni las organizaciones”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”, ha añadido.
Medidas que desprotegen 
En un momento de crisis económica, cuando las personas necesitan de mayor protección, Amnistía Internacional considera que las autoridades, además de medidas insuficientes, han adoptado otras regresivas injustificadas, contrarias al derecho internacional, como la reducción, en más del 50% del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015.
La organización recuerda que, según el derecho internacional, las autoridades tienen la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda de las personas, especialmente de las que estén en situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). En lugar de hacer frente a esa alarmante cifra, las autoridades de Cataluña y, sobre todo, Madrid, han procedido a vender vivienda social, obviando así sus obligaciones en materia del acceso a la vivienda.
Además, en un país con más de tres millones de viviendas vacías, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las que hay en Europa, las autoridades de ambas comunidades y el Gobierno central no han intensificado su uso, tal y como recomendaba ya en 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada. En ese sentido, ni la comunidad de Madrid ni el Gobierno central han adoptado medidas que sigan esta recomendación, y Cataluña no está implementando su Ley de derecho a la vivienda que promover el uso de la vivienda vacía.
Asimismo, Amnistía Internacional recuerda que la Sareb (también conocida como “banco malo” es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las entidades bancarias nacionalizadas y en proceso de reestructuración) tiene en su propiedad 80.000 viviendas. La organización considera que el Gobierno debería modificar el mandato de la Sareb y promover así el uso de esas viviendas, para asegurar el acceso a las mismas de un mayor número de personas.
Por último, el escaso periodo de calificación social de la vivienda (es decir, el tiempo por el cual a una vivienda se la considera “social”) en Madrid, la reducción del mismo en Cataluña y las medidas para reducir y dificultar el acceso a las prestaciones sociales, también han generado desprotección en las personas.
“Todas estas medidas se han adoptado en un contexto de creciente necesidad y demanda de vivienda social y han provocado una mayor indefensión en la población, que encuentra mayores dificultades en el acceso a la vivienda social. Las autoridades deberían asegurar que nadie se quede sin hogar”, ha asegurado Esteban Beltrán.
Desigualdad en las negociaciones
“Me ha faltado información, porque mis padres no firmaron por 5 años como avalistas, firmaron de por vida”. Ainhoa Lafuente, uno de los casos descritos en el informe, cuenta como a la hora de firmar su contrato hipotecario, no contó con toda la información necesaria para saber que sus padres también ponían en riesgo su propia casa como avalistas. En 2013 dejaron de poder pagar la cuota hipotecaria, y, con una hija a su cargo y tan solo una ayuda por desempleo de 337 euros, Ainhoa decidió volver a casa de sus padres, en Barcelona. “Ni siquiera le puedo ofrecer a mi hija un techo y cuatro paredes, y tiene tres añitos, es muy injusto”, asegura Ainhoa. El proceso ha afectado a toda la familia, también en cuestiones de salud: su padre ha tenido varios infartos y su madre ha sufrido un cáncer. Ainhoa todavía está en negociaciones con el banco: “Yo tengo tiempo, pero mis padres no”.
Un periplo sin fin
Maritza Saavedra vino de Ecuador en 2001. Tanto ella como su marido trabajaban así que decidieron comprar un piso en 2007. Sin embargo, al perder el empleo los dos, vieron que no podían seguir pagando la hipoteca. Llegó una orden de desalojo: “Decidimos salir de la casa antes de que se cumpliera la fecha, para ahorrarle a mi hija ese momento. No nos llevamos más que la ropa”, explica Maritza.  
La familia tuvo que marcharse a vivir con la hermana de Maritza durante unos meses, y después a compartir piso a una casa donde dormían los tres en la misma habitación. Finalmente una vecina les cedió una vivienda, por la que ahora pagan un pequeño alquiler: “Por lo menos estoy aquí tranquila con mi esposo y mis hijos pero siempre tengo el pensamiento de que hemos hecho un esfuerzo para nada porque lo hemos perdido todo realmente”, concluye.
Peticiones de Amnistía Internacional 
El gobierno español debe:
  • Abstenerse de ejecutar desalojos hipotecarios de viviendas principales, mientras no se adopten garantías de protección de derechos humanos.
  • Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que los jueces pueden evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo, caso por caso.
  • Crear un mecanismo obligatorio para supervisar la negociación entre los bancos y las personas y asegurar que el desalojo es el último recurso después de haber explorado todas las alternativas y que se priorizan soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.
  • Realizar consultas con las personas afectadas y organizaciones, realizar evaluaciones de impacto en los derechos humanos y de género de los desalojos y publicar datos desagregados.
  • Trabajar en coordinación con las comunidades autónomas para invertir más recursos e incrementar el parque de vivienda social y adoptar todas las medidas a su alcance para modificar el mandato de la Sareb con el fin de poder utilizar las 80.000 viviendas vacías en su propiedad para asegurar el acceso a la vivienda de un mayor número de personas.

Las Comunidades Autónomas deben:
  • Abstenerse de tomar medidas regresivas injustificadas.
  • Utilizar todos los recursos disponibles para lograr la realización progresiva del derecho a la vivienda. En relación a las viviendas vacías de propiedad privada, elaborar un censo actualizado  y adoptar medidas para realizar un uso más intensivo de las mismas, tal y como el Relator Especial de Naciones sobre el derecho a una vivienda adecuada recomendó a España ya en 2008.
  • En especial, Madrid y Cataluña deben asegurarse que cualquier venta de vivienda social es compatible con la necesidad de incrementar la disponibilidad de vivienda social. Además, deben revertir las medidas que reducen y endurecen el acceso a las rentas mínimas de inserción, claves para ayudar a las personas en el acceso a la vivienda.

Y los Ayuntamientos deben:
  • Utilizar todos los recursos disponibles para lograr la realización progresiva del derecho a la vivienda, así como llevar a cabo evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.